Columna de opinión: Perfeccionamiento Ley de usurpaciones.

Diario Austral Valdivia.

Andrés Cox L. - Director SAVAL.

En plena discusión legislativa está el proyecto de ley que regula las ocupaciones ilegales de inmuebles, delito denominado penalmente como usurpación. El proyecto ha presentado una discusión más acelerada en las últimas semanas, aunque el primer boletín legislativo fue presentado en 2008. 

La usurpación, más aún cuando se acompaña con amenazas y hechos de violencia, afecta los derechos de propietarios, sus familias, sus trabajadores y proveedores, además del derecho a ejercer una actividad económica lícita. Según el Observatorio Judicial, entre los años 2018 a 2021 se presentaron en las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, 161 causas de usurpación, 56% de ellas ejercidas con violencia. 

Lamentablemente, la precariedad de la legislación actual redunda en que sólo tengamos como resultado tres penas asociadas a aplicación de multas, que no equipara en lo absoluto las afectaciones ejercidas sobre las víctimas, no sólo en su calidad de vida sino también en su derecho a propiedad. Entre otras, la propuesta actual establece la flagrancia “perpetua” en este delito, permitiendo el aviso oportuno de los hechos de violencia y una mejor preparación de la fuerza policial para el proceso de desalojo. Además, considera penas de presidio, lo que permite la detención de los autores y permite la dictación de medidas de protección que resguarden la seguridad de las víctimas. 

Además, anhelamos mejoras respecto a la oportuna restitución del inmueble, debido a que en la legislación actual el proceso debe llevarse a cabo a través de Tribunales Civiles, lo que ha derivado en esperas de hasta tres años para obtener un fallo favorable. Este punto es de relevancia para mantener la productividad del sector agropecuario, debido a los ciclos biológicos de especies animales y vegetales y la necesidad diaria de atención que requieren para mantener su productividad.  

Un último aspecto que esperamos sea recogido, responde a la necesidad de sancionar con mayor vigor a asociaciones ilícitas que articulan y realizan estos actos de violencia, pues el mal uso de algunas causas ha provocado daños irreparables a víctimas, al empleo y a la economía local.